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Comisión Omonte afecta derecho de afiliados

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En los últimos días la Asociación de AFPs ha estado llamando la atención de los afiliados respecto de la fórmula estatista que propone en el Congreso, la Comisión Omonte, que afecta el derecho de los afiliados a mantener la propiedad de sus fondos.

Si bien no se refleja en los medios la defensa de la fórmula de las AFPs entre los afiliados, tampoco se refleja la defensa de este nuevo modelo de administración de fondos de pensiones estatal, cuya gestión sería administrada por terceros según licitación, para variar, elegida por el Gobierno de turno.

¿Hasta qué punto el nuevo sistema de pensiones propuesto por la Comisión Omonte del Congreso será una solución? ¿Cuándo entraría en vigencia considerando que debe aprobarse en el pleno? ¿Será debatida o excluida de la necesidad de un debate?

Propuesta de Comisión Omonte afecta derecho de afiliados

Hace dos días que la Comisión Omonte (25.01.2021) dio a conocer el nuevo modelo de Sistema Privado de Pensiones, en formato de Proyecto de Ley, en medio de las opiniones negativas del BCR, SBS y MEF, además de la Asociación de AFPs.

Lo que inferimos tras esta «iniciativa» es que la comisión no solo no escucha a los especialistas sino para por alto la propiedad de los fondos privados, de los afiliados, que no eligieron una nueva entidad estatal para su administración.

Video elaborado por la Asociación de AFPs para explicar la propuesta de la Comisión Omonte

¿Un modelo desacreditado como base del cambio estructural?

Si bien es cierto, el modelo ha sido repudiado por la población, entre otras cosas, respecto del pedido que siempre se ha realizado a las AFPs en general, para que sometan sus ganancias, de algún modo, a favor de los afiliados, las rebajen y que, al mismo tiempo, mejoren la gestión financiera de los fondos, estos resultados que también acumularon pérdidas por la pandemia, no tienen relación con la propiedad de los afiliados.

Y es que desde que empezaron las pérdidas efectivas en el fondo, producto de la variabilidad de los mercados financieros (acciones y otros instrumentos de inversión) las AFPs no han tenido la mejor imagen entre sus afiliados, debido a esas pérdidas en sus cuentas de capitalización.

La propuesta de la Comisión Omonte, define un nuevo integrante del aparato estatal peruano para la administración de recursos privados, suscribiendo los servicios financieros de un tercero privado.

Nos preguntamos: ¿Dónde queda el mínimo grado de coherencia? ¿Se busca agregar costos adicionales a la gestión cuando la idea era disminuirla? ¿Una nueva entidad estatal? ¿La contratación de un tercero administrador a juicio del Gobierno de turno? ¿Y dónde queda la libertad de elegir entre los sistemas público y privado que hoy todos tenemos? Sin duda, una pésima idea.

¿Todos los aportes de todas las AFPs, reunidos en un fondo de pensiones privado administrado por el Estado?

La propuesta señala que los fondos de los actuales afiliados, es decir las cuentas individuales de capitalización donde se encuentran todos los aportes, más el flujo de aportes mensuales de todas las AFPs, deberán formar parte de un solo fondo administrado por el nuevo organismo estatal.

¿Qué factores se observan en esta idea?

  • Monopolio de parte del estado.
  • Se cierra la posibilidad de competencia entre gestores diferentes por obtener entre ellos la mayor rentabilidad.
  • El fondo administrable se reúne en una sola «ubicación financiera» de modo que, al ser Estatal, ingresa al mundo de la corrupción, incrementando el riesgo sobre su gestión.
  • No se toma en cuenta la decisión inicial del afiliado ni la libertad de cambiarse de Administradora de fondos de pensiones que siempre ha estado a disposición.

¿Cómo se fijarán las pensiones? ¿Quién decidirá la contratación del mejor administrador para las mismas?

Sin duda un modelo que monopoliza, no considera la falta de especialización requerida, anula el factor competencia y limita las libertades del afiliado, amparadas en la Constitución, tiene un pésimo punto de origen.

El fondo de riesgo compartido en el concepto de la Comisión Omonte

Este «detalle» si atenta contra la idea de un fondo individual capitalizable que hoy, afecto a una comisión, será afecto además a un descuento solidario para crear el Fondo de Riesgo Compartido, propuesto por la Comisión Omonte.

¿No se supone que los peruanos queríamos menor cobranza en lugar de una mayor o de un descuento?

¿No es el sistema público de pensiones, la modalidad de financiamiento presente, ejercida por los aportes de los actuales aportes, la que financia las pensiones de los actuales pensionistas, el modelo que debería cambiar y no volverse a utilizar?

Sin duda una contradicción total, el hecho de descontar y generar un fondo para que cada aportante en el nuevo modelo, financie las pensiones… ¿De quién? ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué criterio de solidaridad?

Este nuevo fondo, formado por el dinero privado de afiliados, sería gestionado exclusivamente por el Estado. ¿No se supone que este sistema es Privado? ¿Por qué hacer que el Estado reciba fondos privados en sus arcas públicas?

Otro disparate sin sentido que solo una comisión con mirada populista, quiere imponer frente a la propiedad privada, aportada por millones de personas que trabajan día a día, aportando para que sus fondos sean respetados.

Si como señala la misma congresista Omonte, anticipándose a la votación del pleno, la propuesta se aprobaría a fin de mes, ¿Qué ocurrirá con los fondos de aquellos afiliados que optaron por las 4 UITs?

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