La propuesta de un congresista peruano para legalizar el cobro de cupos mediante su deducción del Impuesto a la Renta generó un rechazo inmediato en todo el país. Bajo la justificación de aliviar a las víctimas de extorsión, esta iniciativa pretendía convertir el pago al delincuente en un gasto deducible, desvirtuando los principios de legalidad y justicia tributaria. En un contexto donde la extorsión afecta a miles de emprendedores, normalizarla bajo el argumento de apoyo económico constituye un riesgo ético y político de enorme magnitud.
Legalizar el cobro de cupos y el peligro de normalizar la extorsión.
Analizar el intento de legalizar el cobro de cupos obliga a mirar el fondo de la propuesta: cómo una idea aparentemente empática puede terminar institucionalizando el delito. Lejos de representar una ayuda real a las víctimas, esta iniciativa expone una falta de comprensión del impacto social del crimen organizado. En los siguientes apartados exploraremos su origen, responsables, consecuencias y las lecciones que deja al sistema político y a la ciudadanía.
1. El origen de la propuesta: una confusión de objetivos.
El Proyecto de Ley N.º 12793/2025-CR, presentado el 14 de octubre de 2025 por el congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay, planteaba permitir la deducción de pagos por extorsión en la declaración anual del Impuesto a la Renta.
El legislador, vinculado a la bancada Alianza para el Progreso (APP) al momento de la presentación, argumentó que buscaba “ayudar a los empresarios que han sufrido extorsión”, considerando que esos pagos forzados representaban una pérdida extraordinaria.
Sin embargo, esta forma de legalizar el cobro de cupos fue duramente criticada por economistas, abogados y especialistas tributarios, quienes alertaron que equivaldría a reconocer legalmente el delito, desvirtuando la función sancionadora del Estado.
2. Las motivaciones oficiales y su contradicción práctica.
El autor del proyecto sostuvo que su objetivo era “apoyar a las víctimas de la criminalidad” y “proteger los recursos empresariales”. No obstante, al legalizar el cobro de cupos se trasladaba el peso de la extorsión al sistema fiscal, legitimando indirectamente al extorsionador.
El texto proponía que las víctimas presentaran una declaración jurada con huella digital y firma legalizada notarialmente para acreditar los pagos, lo que abría espacio para fraudes contables y gastos falsos, debilitando el control tributario.
3. La reacción de la sociedad y los medios.
La propuesta para legalizar el cobro de cupos fue ampliamente rechazada apenas se hizo pública.
Medios como El Comercio, Caretas, Infobae, Swissinfo, Gestión, Canal N y Exitosa Noticias difundieron el contenido del proyecto y alertaron sobre sus riesgos. Los reportes coincidieron en señalar que la medida “normalizaba la extorsión” y “ponía al Estado al servicio del delito”.
En redes sociales y gremios empresariales, las críticas se multiplicaron. Diversos abogados constitucionalistas calificaron la propuesta como “inmoral e inconstitucional”, y los colegios profesionales exigieron su retiro inmediato.
Medios nacionales
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Medios internacionales
4. El retiro del proyecto: un paso atrás ante la presión ciudadana.
Ante el impacto mediático y el repudio social, la bancada de Alianza para el Progreso presentó un oficio al Congreso el 19 de octubre de 2025 solicitando el retiro formal del Proyecto de Ley N.º 12793/2025-CR.
El documento, firmado por el vocero Eduardo Salhuana, reconocía que la iniciativa generó una interpretación contraria a sus fines originales. En la práctica, el retiro significó admitir que legalizar el cobro de cupos era insostenible política y moralmente.
El episodio dejó en evidencia una falta de filtro técnico en la admisión de proyectos, así como la importancia de la reacción ciudadana frente a decisiones que afectan los valores básicos de la convivencia democrática.
5. Efectos éticos y sociales que hubiese provocado.
Aceptar que se puede legalizar el cobro de cupos hubiera significado un cambio profundo en la ética social. La extorsión, en lugar de combatirse, habría adquirido un espacio de reconocimiento administrativo. Las consecuencias serían múltiples:
- Desconfianza generalizada en la justicia.
- Normalización del miedo como parte del costo empresarial.
- Desmoralización de los emprendedores que cumplen la ley.
- Desgaste institucional en la lucha contra el crimen.
Cuando la ley renuncia a condenar un acto delictivo y lo registra como deducción fiscal, la sociedad pierde un referente de integridad.
6. Riesgos económicos y fiscales invisibles.
Más allá del aspecto moral, legalizar el cobro de cupos habría generado graves efectos económicos. Permitir deducciones de gastos ilícitos abriría puertas a:
- Fraudes contables mediante declaraciones falsas de extorsión.
- Pérdida de recaudación por deducciones ficticias.
- Compromiso de la credibilidad internacional del sistema tributario.
- El impacto se extendería al clima de inversión.
Ninguna empresa formal querría operar en un entorno donde el delito es un gasto aceptado y donde el Estado parece rendirse ante la criminalidad.
7. Consecuencias éticas y políticas de una mala idea.
Intentar legalizar el cobro de cupos no solo habría comprometido la ética pública, sino también la credibilidad del Congreso.
Aceptar que el pago al extorsionador pueda ser deducible equivale a institucionalizar el miedo como política de Estado. Las consecuencias habrían sido devastadoras:
- Pérdida de confianza en la autoridad moral del Parlamento.
- Incentivo al crimen organizado mediante la formalización del pago.
- Desmoralización de los emprendedores que cumplen la ley.
- Daño a la imagen internacional del país ante los organismos financieros.
Cuando una institución democrática confunde empatía con permisividad, el resultado es la erosión de su legitimidad.
8. Alternativas reales para proteger a las víctimas.
Las verdaderas soluciones no pasan por legalizar el cobro de cupos, sino por fortalecer la capacidad del Estado para prevenir y sancionar la extorsión.
Entre las alternativas que podrían aplicarse destacan:
- Programas de denuncia protegida con reserva de identidad.
- Fondos temporales de apoyo para negocios extorsionados.
- Incentivos tributarios por colaboración con las autoridades.
- Coordinación interinstitucional entre Policía, Fiscalía y gobiernos locales.
Estas acciones refuerzan la justicia y la seguridad, sin normalizar el delito ni distorsionar el sistema tributario.
Aprendizajes sobre la tentación de legalizar el cobro de cupos.
El intento de legalizar el cobro de cupos dejó lecciones fundamentales. Una de ellas es que las buenas intenciones no pueden justificar medidas contrarias a la ley y la ética. Otra, que el control ciudadano y mediático sigue siendo una herramienta esencial para detener decisiones equivocadas.
Los emprendedores necesitan protección, no validación del miedo. Las víctimas requieren justicia y apoyo, no reconocimiento contable de su sufrimiento. El mayor aprendizaje es que el Estado debe actuar con firmeza e inteligencia, no cediendo ante la desesperación, sino recuperando la autoridad y la confianza que se fortalecen solo cuando se enfrenta el crimen, nunca cuando se intenta convivir con él.